El P.P.R. propone la plena vigencia del Federalismo de base municipal, entendiendo al Municipio como un entramado de familias afincadas en un territorio, con una historia, una tradición y una cultura común.

Para lograr esta vigencia, teniendo en cuenta además la realidad agropecuaria de la provincia, con importante población rural y asentamientos poblacionales que aún guardan una escala humana, nuestro Partido en su accionar de gobierno realizará acciones ejecutivas y legislativas tendientes a:

1-Crear Consejos de la Comunidad con auténtica representación vecinal,

2-crar un Consejo Provuincial del Trabajo y la Producción, con participación de las fuerzas vivas de la comunidad, con quién el Estado Provincial a través de sus órganos de Gobierno Deberá concensuar políticas de Estado y evaluar la marcha de las mismas,

3-fomentar el arraigo y desarrollo local y regional promoviendo las pequeñas y medianas empresas de base cooperativa y asegurando el acceso a los jóvenes a la educación en sus lugares de residencia, siendo orientada la misma a las necesidades culturales y laborales locales,

4-replantear el sistema impositivo municipal, provincial y aún nacional, para que sea equitativo, vuelva en servicios reales a la comunidad y termine con el unitarismo que desde el gobierno central y provincial padecen respectivamente la misma Provincia y las comunidades locales, porque no solo debe existir el reconocimiento de las autonomías municipales en las cartas orgánicas sino la autarquía del Municipio que implica el manejo responsable de los recursos propios y genuinos.

5-fomentar la producción y comercialización agropecuaria y pesquera, y el crecimiento y radicación de industrias derivadas de ella, asegurando el Estado la protección a la producción y productores comprendidos con el Bien Común, buscando mercados internos y externos que favorezcan el desarrollo socioeconómico provincial,

6-sancionar leyes tendientes a crear un nuevo estilo de representación, que sea orgánica y vinculada con las fuerzas vivas de la comunidad, a la cual los legisladores y funcionarios deban rendir periódicamente cuenta de sus acciones y omisiones, terminando con el concepto de “inmunidad” judicial de legisladores y funcionarios durante su gestión y con el anti-republicano concepto de “gastos reservados”.